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«HEGEMONÍA COMUNICACIONAL» EN VENEZUELA

Cierre de meMarcha Estudisntes #12 Mdios, multas millonarias, insultos contra periodistas críticos, hostigamiento, limitación de la importación del papel para impedir la impresión de los periódicos independientes e incluso la compra de medios críticos, han sido algunos de los instrumentos para la constitución de la `Hegemonía Comunicacional´ que ostenta el Estado Venezolano. 15 años de `revolución bolivariana´ -iniciada por Hugo Chávez- han servido para debilitar a la prensa independiente y para amordazar a los medios. Una macabra estrategia denominada por los propios líderes oficialistas como `el látigo de la contrarrevolución´ y que no busca otra cosa que el control absoluto de la información y, por ende, del poder.

Por Marinellys Tremamunno para GEA PHOTOWORDS

“Hemofílicos enfrentan con su vida la escasez de Venezuela”; “Se mantiene la escasez de champú y pañales tras el aumento de precios”; “Más de 1.500 pacientes con VIH sin tratamientos por escasez, en Lara”. Son tan sólo algunos de los titulares cotidianos de las noticias online sobre Venezuela. Todos con un tema recurrente: la escasez de alimentos y medicinas en estado crítico. La piedrita en el zapato del gobierno de Nicolás Maduro.

Para los medios online –una de las pocas trincheras de la información libre y crítica en Venezuela-, “la escasez” podría considerarse una noticia de rutina, por tratarse además de un tema público y notorio; en el periodismo impreso –en cambio- ha sido motivo de censura. Así lo confirma un comunicado de los trabajadores del diario de distribución nacional Ultimas Noticias, quienes denunciaron que el pasado viernes 29 de agosto y “por órdenes emanadas de la Presidencia de la empresa”, fue sacada de las ediciones de la Gran Caracas, Vargas y Valles del Tuy – cuando ya había sido impresa en la edición nacional- una nota que hacía referencia a una situación irregular en la atención a los pacientes civiles en el Hospital Militar “Carlos Arvelo”, en Caracas. “Debido a la falta de insumos y medicamentos, están dando de alta apresuradamente, a muchos no los atienden y se prohíbe el ingreso de quienes necesitan alguna cirugía”, explica el comunicado.

Una irregularidad similar habían sufrido igualmente los periodistas del diario El Universal, en esa ocasión la causa de la censura fue otro tema sensible para el gobierno: las protestas. En asamblea de redacción los trabajadores rechazaron “la supresión, la noche del jueves 14 de agosto, de una información de alto interés nacional, relativa al conflicto obrero-patronal en Sidor, que llevaba por título “Trabajadores de Guayana marcharon en apoyo de Sidor”, y que recogía las incidencias surgidas en esa región a raíz de la firma del contrato colectivo de dicha empresa”. La información transmitida por el corresponsal en la zona fue sustituida por la versión oficial de la Agencia Venezolana de Noticias, que reflejó exclusivamente la óptica gubernamental.

Y como éstos son numerosos los casos de “censura” que sufren a diario los periodistas en Venezuela. Es oportuno evidenciar que tanto el periódico Ultimas Noticias como El Universal, con 75 y 105 años de historia respectivamente, recientemente cambiaron de propiedad. Una nueva estrategia para la consolidación de lo que Nicolás Maduro ha llamado la “Hegemonía Comunicacional”: la compra de los medios críticos por empresarios afines al Gobierno.

“Si bien es propio de cualquier economía abierta la compra de un medio, esas negociaciones han estado caracterizadas por cambios en las líneas editoriales, como ocurrió en Globovisión, Últimas Noticias y varios diarios del interior”, señaló Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Ya la misma suerte la había sufrido Globovisión en el 2013. La única televisora crítica al gobierno que en ese período sobrevivía en medio del nuevo panorama de “Hegemonía Comunicacional” en manos de Nicolás Maduro. Carlos Correa, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Espacio Público, señaló a AFP que “los propietarios decidieron vender forzados por la inviabilidad política y económica del canal, sometido al hostigamiento sistemático del gobierno, por lo que está claro que los nuevos dueños cambiarán la línea editorial y la oposición perderá un espacio para expresarse”.

Miles de estudiantes se reúnen en Bello Monte antes de comenzar a marchar a la Defensoría del Pueblo y entregar un documento en demanda por detenciones, represión y violaciones a los derechos humanos.  Foto ©  Gregorio Marrero

El control informativo de la `Hegemonía Comunicacional´

“Es la hora de la definición”, dijo Nicolás Maduro en cadena nacional. “Llamo a los medios de comunicación a la sensatez. A Venevisión, a Televen, a todos los medios, definan con quien están: ¿con la patria (…) o van a volver a estar con el fascismo?”, cuestionó el sucesor de Hugo Chávez el 16 de abril de 2013, dos días después de haber sido electo con un estrecho margen de 1,49% por encima del opositor Henrique Capriles Radonski.

Luego de 15 años de supuesta “revolución”, Nicolás Maduro ostenta no sólo un control absoluto de los poderes públicos, sino que también heredó del fallecido Chávez el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP), creado en el 2008 como parte de los lineamientos del Plan Socialista de la Nación (2007-2013) y que tenía entre sus objetivos el fortalecimiento de los medios del Estado.

Hoy el aparato informativo del Estado venezolano cuenta con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), antiguo SNMP, y que tiene como objetivo el direccionamiento de los medios públicos o vinculados al gobierno. Está integrado por 5 televisoras nacionales, más de una centena de pequeñas televisoras de difusión local o llamadas comunitarias, más de 220 emisoras de radio comunitarias, una agencia de noticias (AVN) y decenas de periódicos “pro gobierno”, destacan Correo del Orinoco y Ciudad Caracas. Incluye además los medios internacionales Telesur y la Radio del Sur.

Sin embargo el primer paso para el debilitamiento de la prensa independiente y para sentar las bases de esta “Hegemonía Comunicacional” ocurrió en 2007, con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), un canal fundado en 1953. RCTV salió del aire luego de las amenazas del difunto Chávez: “No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión”, dijo el 28 de diciembre de 2006 y el 27 de mayo del año siguiente fuimos testigos del cierre de uno de los pioneros de la televisión venezolana.

Desde entonces el camino ha sido espinoso para los medios de comunicación privados en Venezuela. Según cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entre el 1 de agosto de 2009 y el 1 de agosto de 2010, el gobierno de Hugo Chávez cerró 34 emisoras de radio, 2 televisoras regionales, 6 televisoras por cable y 2 medios impresos. Para julio de 2013, la cantidad de medios cerrados llegaba a 45.

Otra forma de censura encubierta ha sido la “crisis de papel”, generada por el retraso del Gobierno en autorizar la adquisición de dólares para la importación del papel necesario para la impresión de los periódicos. El caso más reciente es el escandaloso anuncio del cierre del Diario El Impulso por falta de papel, luego de 110 años de trayectoria al servicio de los ciudadanos, hoy sucumbe en medio de las negociaciones con la Presidencia de la República. Sólo el gobierno tiene la varita mágica para decidir el futuro de El Impulso. Un triste juego de poder que termina por arrodillar o asfixiar a los medios independientes.

De acuerdo a una información publicada en mayo por la ONG Espacio Público, “desde septiembre de 2013 diez diarios y dos revistas han dejado de imprimirse por falta de papel; 12 periódicos y una revista tienen problemas para circular por la escasez de papel prensa y 18 diarios están en riesgo de cerrar”. Según El Tiempo, esta arremetida del Gobierno contra la prensa opositora podría terminar afectando a más de cien periódicos. De esa manera, quedarían sin empleo unas 30 mil personas.

 

Marcha Estudisntes #12 M

Estudiantes enfrentados a la policía y Guardia Nacional Bolivariana en el camino a la entrega del documento denunciando la represión y violaciones de los derechos humanos.  Foto ©  Gregorio Marrero

La mordaza `legal´ del Estado Venezolano

En paralelo, la “Hegemonía Comunicacional” está soportada por un cuerpo de 43 leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional de forma sistemática y que afectan el derecho a la libre información en el país y que han permitido al gobierno, primero de Chávez y ahora de Maduro, ejercer acciones de cierre y censura de medios dentro de una “aparente legalidad”. Destaca la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos o Ley Resorte (2011), que pena incluso con prisión los “delitos mediáticos”.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, expresó en febrero al diario colombiano El Espectador, que “La situación de la libertad de expresión en Venezuela es grave, como lo ha dicho la Relatoría en todos sus informes. Es grave porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o incluso sacar a los medios del aire”.

Oportuno recordar la censura que sufrió de manera directa el canal colombiano NTN24 el pasado mes de febrero, cuando Nicolás Maduro dio la orden de sacarlo de la programación de los canales de cable por la amplia cobertura que dio a las manifestaciones estudiantiles. El resto de las televisoras nacionales se mantuvieron en silencio, mientras que los venezolanos publicaban en twitter las fotos y los videos de la fuerte represión policial y de la acción de los grupos de milicias con el amparo de los cuerpos de seguridad del Estado, en un intento desesperado de informar al mundo sobre lo que sucedía. ¿Qué se pretendía ocultar?: 43 fallecidos, 873 personas lesionadas y 3.273 detenciones arbitrarias.

Pero el látigo de la “contrarrevolución” no se detiene. La “mordaza legal” que usa el Estado venezolano para el control de la información parece no ser suficiente. “El 13 de agosto, último día oficial de sesiones de la Asamblea Nacional, la Comisión de Medios de Comunicación, presidida por una periodista Tania Díaz, quien fue presidenta del Canal 8 (televisora pública de cobertura nacional), recibió una propuesta de Ley de comunicadores que aspira dar al traste con la profesión de periodistas”, así lo señaló María Antonia Sánchez, miembro de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Miranda.

En este proyecto de Ley “todos los humanos” somos comunicadores, y por lo tanto según el instrumento legal la misión de informar no puede estar restringida al periodista. Además, el estudioso de la comunicación, Marcelino Bisbal considera que lo más grave se cuela en los artículos 17 y 18. “Desde el artículo 17 el periodista no podrá escribir o difundir información sobre una persona sin que ésta sepa qué se está informando sobre ella. Censura previa y autocensura. Y el artículo 18 nos dice que es “inexcusable” informar sobre “situaciones irrelevantes”. ¿Quién determina la irrelevancia de un hecho o de una información?”, dijo.

En fin, entre líneas se lee que la intención de esta nueva arremetida jurídica es eliminar la profesión del “periodista”. Una aberración sin precedentes y que debe llamar la atención de las organizaciones internacionales pro defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Los periodistas venezolanos están perdidos en un laberinto sin salida, entre violencia y censura.

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