Venezolanos denuncian que el referendo revocatorio de Nicolás Maduro fue una estafa
Venezolanos denuncian que el referendo revocatorio de Nicolás Maduro fue una estafa
MARINELLYS TREMAMUNNO / CUBANET
BARCELONA, España.- Como era de esperarse en un país en dictadura, Nicolás Maduro esquivó el referendo revocatorio de su mandato, imponiendo un inviable proceso de recolección de firmas el pasado 26 de enero, requisito indispensable para poder activar el mecanismo electoral. Ya lo había anunciado en una de sus alocuciones: “Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política o histórica y ninguna va a tener éxito”.
En Venezuela el referendo revocatorio es un derecho, lo establece la Constitución en su artículo 72: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.
Pero ¿por qué un derecho Constitucional resultó inviable? Desde los tiempos de Hugo Chávez, el gobierno comunista se blindó a través de la ley electoral y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia chavista (TSJ), para que fuese casi imposible su activación: para iniciar el proceso de revocatoria es necesario recoger las firmas (con nombre y apellido) y las huellas digitales del 20% de los inscritos en el padrón electoral del país. Todo con las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen. Y, según una sentencia del TSJ, este 20% del padrón se debe garantizar en cada uno de sus 24 estados, lo que hace más cuesta arriba el proceso.
Es decir, para revocar a Maduro, inicialmente se necesitan 4.2 millones de firmas (de las 20.9 millones de personas presentes en el registro electoral permanente, conocido como REP), para que se pueda activar la posibilidad de hacer el referendo. Una vez superado este obstáculo, se necesitan obtener al menos 6.2 millones de votos a favor de que se termine anticipadamente el mandato del presidente.
Crónica de un fracaso anunciado
La jornada del 26 de enero fue convocada por el CNE, luego de aprobar la solicitud recibida el 17 de enero a través de la agrupación ciudadana Mover (Movimiento Venezolanos por el Revocatorio), representada por el exgobernador del estado Táchira César Pérez Vivas y el disidente del chavismo Nicmer Evans; pues el 10 de enero se cumplió la mitad del mandato de Nicolás Maduro. El 21 de enero el CNE dio a conocer el cronograma, pero fijó un único día para hacer la recolección de firmas, sin dar margen para que los ciudadanos fueran informados sobre el proceso.
La actividad pasó casi desapercibida para los venezolanos, pero no para el régimen que se jactó de la presunta derrota de la oposición: “Unos señores, un peluche llamado Nicmer Evans, otro peluche llamado creo que Pérez Vivas, presentaron ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de activación del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, tal como reza el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista a través de la televisora oficialista Venezolana de Televisión (VTV), para luego presumir de la baja participación. “Y los resultados son harto elocuentes, recogieron 42 000 firmas. 42 000 firmas equivalen a 35 firmas por máquinas de las 1 200 desplegadas en todo el territorio nacional”.
¿Por qué la oposición recogió sólo 42 000 firmas? Para entenderlo hay que saber cómo funciona el proceso de recolección. CubaNet estuvo presente durante la jornada y conversó con los ciudadanos, quienes confirmaron que el proceso era inviable por las reglas impuestas por el régimen: “¿Qué ocurrió?… pues el gobierno a través de sus operadores del CNE lo que hizo fue impedir que esto se diera de forma común, de forma normal. Violaron sus propias normas, violaron la Constitución”, explicó Ángel Godoy, representante de Mover, Capítulo Miranda.
Ya lo había advertido el propio rector del CNE, Roberto Picón, quien representa a la sociedad civil dentro del organismo electoral: “Insistimos, logísticamente es inviable la recolección de firmas para el RR en una jornada de 12 horas, con sólo 1 200 máquinas o una notificación tardía a organizaciones/ciudadanos sobre puntos para recabar manifestaciones de voluntad”, escribió en su Twitter el 25 de enero.
El 22 de enero detalló los inconvenientes técnicos que lo obligaron a salvar su voto: “Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error, sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección. El proceso se llevará a cabo sin auditoría del software que garantice integridad e inviolabilidad del proceso, sin tiempo para nombrar testigos en los 1 200 puntos, sin medidas de bioseguridad. De haber convocatoria, habría colas de 300 personas en pleno pico de ómicron”, denunció en un hilo de Twitter.
Así se perfilaba la inviabilidad del proceso, ya a la vista de todos. “No estoy de acuerdo con el sistema, como se planteó de parte del CNE este proceso revocatorio. ¿Por qué? Porque está violando todas las normas implementadas por ellos en los procesos anteriores. Primero, son 15 días que se tiene que ejercer para la campaña de publicidad de este proceso revocatorio, acá sólo dieron dos días. Ellos colocaron 1 200 puntos a nivel nacional para la recolección de 4 millones 200 mil firmas. Eso es imposible que se recolecte en el tiempo de 12 horas, esa cantidad de firmas. Otro elemento que tenemos que evaluar es la ubicación de los puntos: solamente acá en Guaicaipuro habilitaron cinco puntos, en Los Teques, solamente en la parroquia de Los Teques; cuando sabemos que Guaicaipuro tiene 7 parroquias. Entonces, es muy difícil que se logre el objetivo y el cometido de lograr las firmas para hacer el revocatorio con este tipo de actividad que está haciendo el CNE”, dijo Pablo Díaz, un transeúnte que se encontraba cerca de uno de los puntos de recolección.
Esta situación también la había denunciado el Observatorio Electoral Venezolano (OEV): “Las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N°405, 2007), sobre las cuales se basa el CNE para su cronograma de 2022, permiten que esta recepción de manifestaciones de voluntad se realice por un máximo de tres días, y que el lapso para proponer los centros sea de hasta 15 días hábiles, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral”.
Otro ciudadano, Julio Mendoza, confirmó que estaba de acuerdo con la activación del referendo revocatorio “porque es un derecho que nos corresponde a todos los venezolanos, lo que si no estoy de acuerdo es el tiempo que dieron para recoger la cantidad de firmas o huellas requeridas”.
Y, como era de esperarse, tampoco faltó el amedrentamiento para evitar que las personas se acercaran a los puntos de recolección de firmas: “No puede haber personas de un partido político y personas que son concejales de aquí del municipio vigilando y amedrentando a las personas que vienen a ejercer su derecho; porque es un derecho constitucional, no es un derecho que te regala nadie, es un derecho constitucional y están contra la Constitución”, dijo Daniel La Cruz.
Entonces, “¿qué ocurrió hoy? Que la gente advirtió que allí había un bodrio, una intención de estafar, algo fraudulento y lo que pudimos observar hoy en los centros electorales es que la gente no asistió entendiendo eso. De manera que allí hay una obvia intención de que las cosas no se den, agregando también el factor de terrorismo de Estado visto por lo que dice el señor Diosdado Cabello de que ellos querían saber quiénes iban a firmar”, denunció Ángel Godoy, representante de Mover.
En rueda de prensa, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que tienen a los testigos listos para la jornada de recolección de firmas y que luego pedirán al CNE la lista de firmantes porque “es un derecho” de Maduro saber quién lo quiere revocar. En consecuencia, Mover denunció “amenaza pública” de parte de Cabello y lo señaló de pretender reeditar la Lista Tascón. Esta fue una publicación en Internet de las firmas recolectadas entre los años 2003 y 2004 para la destitución de Hugo Chávez, que culminó en contra de los firmantes porque sus nombres se hicieron públicos, siendo utilizada como mecanismo de discriminación. El nombre se debe al diputado Luis Tascón, quien fuera designado por el presidente Chávez para divulgar dicha lista como parte del proceso de verificación de las firmas.
El activista de Mover agregó que la falta de participación de los venezolanos el pasado 26 de enero se debe leer como una señal de rechazo “de una ciudadanía habida de cambios y transformaciones, que quiere tener la oportunidad de revocar a quien verdaderamente desmejora su calidad de vida.
Con estos resultados, Cesar Pérez Vivas anunció que elevarán la denuncia de las irregularidades del proceso ante el Consejo de Ginebra de las Naciones Unidas. “Esto es un crimen contra la soberanía popular”, enfatizó.
