“Buscar, recibir y difundir información puede tener consecuencias muy serias en Venezuela”

El activista venezolano Carlos Correa alertó sobre la persecución criminal que ejerce el régimen de Maduro contra periodistas y miembros de la sociedad civil por informar

MARINELLYS TREMAMUNNO / ESPECIAL PARA CUBANET

ROMA, Italia.- Recientemente Venezuela fue señalado como el régimen más autoritario de América Latina, de acuerdo con la actualización de sistemas de gobierno The Economist, ocupando el puesto 143; incluso más alejado de la democracia que Cuba, que ocupa el puesto 140.

Esto explica por qué son constantes las denuncias de agresiones contra periodistas en el Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (@sntpvenezuela). La más reciente ocurrió el pasado 08 de junio, cuando “un funcionario militar de apellido Ramírez amedrentó a la periodista Génesis Carrero (@GenesisCS), de @ElPitazoTV, cuando cubría el cierre arbitrario de la oficina del Saime (para la emisión de documentos de identificación) en la avenida Baralt. La fotografió e intentó quitarle el carnet y el teléfono celular”, se lee en el tuit. La protesta de las personas cercanas habría impedido el ataque contra la periodista, pero “el militar amenazó a Carrero con utilizar su foto para acusarla de coordinar una red trata de blanca”.

Cada 27 de junio en Venezuela se celebra el Día Nacional del Periodista, una fecha oportuna para informar que la ONG venezolana Espacio Público registró 189 violaciones a la libertad de expresión pertenecientes a 99 casos en lo que va del 2021, entre los que destacan al menos 19 detenciones. Sólo el mes de mayo cerró con 36 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 23 casos, entre los que resaltan intimidación, censura y amenazas. La mayoría de las víctimas son periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

Medios bajo ataque

“En Venezuela expresarse tiene un costo muy alto”, afirmó en entrevista exclusiva para CubaNet el activista venezolano Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país, sometido por el castro-comunismo, controlado primero por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro.

“Una de las consecuencias que tiene expresarse en Venezuela es que te pueden aplicar normas que pueden implicar penas de privativa de libertad hasta de 20 años. Entonces para informarse en Venezuela las personas tienen que recurrir a las redes sociales o a las plataformas basadas en internet. ¿Por qué? porque la radio y la televisión en Venezuela han sido sometidas a un proceso muy fuerte de censura y de cierre”, explicó.

El activista recordó que el pasado 27 de mayo se cumplieron 14 años del cierre de RCTV, importante canal de televisión que cesó sus transmisiones por decisión de Hugo Chávez. Y luego con la llegada de Nicolás Maduro “se empezaron a cerrar los espacios de medios independientes, porque fueron comprados por sectores vinculados al gobierno”.

Asimismo, denunció que en el país sudamericano “no se pueden ver canales internacionales a través de los cables operadores, canales internacionales que ofrezcan información sobre Venezuela, y entonces la gente tiene que recurrir a otros mecanismos de información. Para que te hagas una idea, el año pasado cerraron 20 estaciones de radio y este año ya van 3 emisoras cerradas. Entonces hay una progresiva reducción de los espacios para expresarse”.

De esta manera, han nacido varias plataformas de medios digitales que intentan evadir la censura impuesta por el régimen, pero explicó que sin embargo el proceso de “buscar, recibir y difundir información puede tener consecuencias muy serias y ese es el principal obstáculo que tiene que vencer cualquier persona que quiera informarse en Venezuela”.

Esto explica por qué no se conocen las consecuencias reales de la pandemia COVID-19 en Venezuela. ¿Ha habido persecución por informar la situación del sistema sanitario?

La pandemia lo que hizo fue acentuar algunas de las políticas estructurales que ya existían. El año pasado observamos un incremento de persecución criminal contra periodistas y personas, especialmente aplicando la denominada Ley contra el Odio, que no es una ley en el sentido estricto porque fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, y no tiene facultades para aprobar leyes y esa norma tiene sanciones muy duras.

El año pasado hubo mucha falta de gasolina, entonces se aplicó a las personas que daban información mientras hacían cola. Lo mismo para quienes informaban sobre la COVID-19. Al principio hubo dos o tres periodistas a los que les abrieron procesos judiciales por informar sobre la pandemia en sus redes sociales.

Entonces, hay un crecimiento de la criminalización con apertura de procesos judiciales y detenciones arbitrarias. El año pasado documentamos más de 60 detenciones arbitrarias por procesos vinculados a libertad de expresión. Detenciones arbitrarias que terminaron en procesos judiciales o sencillamente los detuvieron y los liberaron, pero siguen siendo detenciones arbitrarias por informar. Este año, por ejemplo, se culminó el proceso contra El Nacional, que implicó que le arrebataran la propiedad del edificio, por una pretendida sanción civil a favor de Diosdado Cabello, por más de 10 millones de dólares.

¿Los defensores de derechos humanos también son perseguidos?

Por supuesto, los periodistas, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes sindicales, muchas veces son perseguidos y son perseguidos de diversas maneras. Por un lado, con las estrategias de descalificación pública en los medios Estatales y en otros casos con dinámica de persecución penal. ¿Cuándo ocurre esto?, cuando hay organizaciones de defensores de derechos humanos que dan información a los Sistemas Interamericanos de Derechos Humanos o al Sistema Universal, Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando se conoció el informe de la misión de verificación de hechos que de alguna manera está constatando si hay razones para que Venezuela sea juzgada ante la Corte Penal Internacional, algunas de las organizaciones que dieron información fueron señaladas, perseguidas y descalificadas.

Este año fueron detenidos algunos trabajadores humanitarios, porque estaban haciendo trabajos de colaboración, apoyo y sostenibilidad de personas que estaban en comunidades, como el caso de Azul Positivo. En otros casos hubo allanamientos de algunas organizaciones. Y hay algunas amenazas pendientes, como el registro obligatorio que se tiene que hacer a través de la Providencia 01, que después se convirtió en la 02, que es un registro obligatorio que de antemano criminaliza las organizaciones.

¿Por qué este registro criminaliza a las ONG? ¿Puede explicar mejor de qué se trata?

Ese registro unificado, que es la Providencia 02, ya de antemano establece una presunta culpabilidad de las organizaciones, en relación al tema del terrorismo. Esa norma se pretende justificar con regulación internacional del tema del terrorismo. Es una norma que establece una obligación de registro, que presupone la culpabilidad de las organizaciones y está en contra de los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). En la primera norma se establecía incluso que se tenía que informar quiénes eran los beneficiarios. Imagínate, una organización de derechos humanos que trabaja con víctimas de denuncia de abuso policial y que tenga que informar a quiénes está acompañando o las personas que está acudiendo en instancia internacionales. Eso lo cambiaron y ahora incorporaron la obligatoriedad del registro, pero también quiénes son las personas que están haciendo donaciones.

¿Por qué es importante el trabajo de las ONG como Espacio Público en Venezuela?

El trabajo de las organizaciones civiles y de los defensores de derechos humanos en Venezuela es un trabajo muy demandado por la emergencia humanitaria que hay en el país, por la grave crisis que existe en el ámbito de los derechos humanos y por eso existe necesidad de que ese trabajo sea protegido.

Nosotros tratamos de documentar con mucho rigor los hechos que acompañamos. De alguna manera eso es un elemento clave a la hora de proteger nuestro trabajo, pero creo que las organizaciones y los ciudadanos deben estar atentos a cualquier ataque que pueda haber contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana, porque de ellas depende la reconstrucción de la institucionalidad democrática en el país.

FUENTE: “Buscar, recibir y difundir información puede tener consecuencias muy serias en Venezuela” (cubanet.org)

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